Escrito por: Alfonso Pérez Sánchez

Desde agosto de 2018 la Cámara de Senadores fue muy puntual en señalar que los servicios financieros de la Banca Comercial en México son caros, debido a altas comisiones, Costos Anuales Totales (CAT) y tasas de interés en créditos muy superiores a la inflación anual. Por ejemplo el Banco de México publicó en el año 2018 que con datos a junio, los CAT de 30 de 38 tarjetas de crédito clásicas eran superiores al 60 por ciento anual, registrándose el valor extremo hasta de 110.4 por ciento anual (http://www.banxico.org.mx/tarjetascat/TarjetasClásicas15000.pdf?t=1552263575380). Si comparamos estos datos con la inflación promedio anual de 2018 de 4.9 por ciento que reportó el Banco de México, entonces estamos hablando que el CAT más elevado de este tipo de tarjetas de crédito equivale a 22 veces el valor de la inflación, algo totalmente fuera de razón y expresiones de agio de la banca. Recuerdo muy bien que en aquel momento (agosto de 2018), varios banqueros se preocuparon y hasta se sintieron ofendidos.

¿Qué no tendría que ser al revés?, la población mexicana es la ofendida, hay desconfianza en los bancos, y los expertos en finanzas que le apuestan en avanzar en lo que llaman inclusión financiera y bancarización, deben entender que históricamente en México a la gente no le agrada tener vínculos con los bancos, prefieren pedir prestado a los familiares o amigos, o a empeñar bienes, o tener crédito de proveedores cuando el destino del crédito es para un negocio. No se nos ha olvidado el abuso y anomalías del Fobaproa y, para refrescar la memoria, el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) reportó que en el año 2018 el Gobierno Federal pagó a los banqueros 51 mil 300 millones de pesos (https://vanguardia.com.mx/articulo/ya-se-%20pago-mas-por-intereses-del-fobaproa- que-la-deuda-inicial), todavía como parte del rescate bancario.

Por fortuna el primero de marzo de 2019 el Senado de la República y la Asociación de Banqueros de México (ABM), acordaron varias reformas legislativas para regular las comisiones. Ojalá estas medidas favorezcan la reducción de las mismas y la transparencia de la operación de estas entidades financieras.

Pero los bancos no son las únicas entidades financieras, hay muchas otras más que operan en México. Unas de las más conocidas son las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), cuyos servicios están orientados (se supone) a aquella población que no tiene acceso a la banca comercial (carece de garantías hipotecarias, los ingresos no son suficientes para contratar un crédito, no puede comprobar ingresos, etc.).

Las IMF abarcan Sociedades Financieras Poplares (Sofipo), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (Socap), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofol), Cajas de Ahorro, entre otras. La mayoría están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero los créditos son caros (con excepciones muy destacadas de varias Socap y Cajas de Ahorro) y se ha prostituido el objetivo para el cual fueron creadas. Muchas de estas presumen que se inspiraron en los principios del Grameen Bank fundado por Muhammad Yunus en Bangladesh en 1983, ofreciendo créditos a grupos solidarios para el establecimiento o apoyo de pequeños negocios, con la finalidad de mitigar la pobreza y contribuir a la inclusión financiera de aquella población con mayores carencias sociales y económicas.

En investigaciones que estamos realizando con estudiantes de El Colegio de Tlaxcala, AC, los resultados están apuntando a confirmar que los créditos que otorgan las IMF (insisto con excepciones muy destacadas de varias Socap y Cajas de Ahorro), tienen altas tasas de interés, los denominados grupos solidarios en su mayoría no funcionan como tales y la usura está presente, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones legislativas y ejecutivas para regular con mayor rigurosidad este tipo de servicios financieros.

Para dar sustento a este último párrafo, citaré varios ejemplos y comparaciones. Ya se señaló que en el año 2018 la inflación anual reportada por el Banco de México fue de 4.9 por ciento. Las investigaciones realizadas arrojan resultados de que existen IMF con “créditos solidarios” para actividades productivas, con tasas de interés mensuales con valores de 3 y hasta 10 por ciento, siendo las más frecuentes las superiores a 6 por ciento mensual. Estos valores arrojan una tasa de interés anual de hasta 120 por ciento más comisiones, lo cual resulta poco factible que algún negocio genere las ganancias suficientes para poder pagar este tipo de préstamos. Esta tasa de interés equivale a 24 veces la tasa de inflación anual, superior al CAT de las tarjetas de crédito que se comentaron en párrafos anteriores.

Si a esto le agregamos que los grupos que adquieren el crédito deben hacer pagos semanales de capital e intereses y, en caso de que algún integrante del grupo no pague, lo haga el resto de las personas del grupo; entonces resulta poco confiable que este tipo de créditos productivos tengan realmente un impacto positivo en el crecimiento del pequeño negocio y en la generación de utilidades para los usuarios.

Lo más lamentable es que la población que accede a estos servicios crediticios es gente con carencias (por no decir en condiciones de pobreza), sin liquidez monetaria inmediata, siendo este el principal atractivo para contratar los servicios, ya que los solicitantes pueden obtener el préstamo en 3 a 5 días. El argumento de las IMF del porque cobran tasas de interés tan altas es por el alto riesgo de recuperación del crédito y los elevados costos de los trámites.

Con base en la información expuesta, es prioritario que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo también revisen con detenimiento las tasas de interés y comisiones de los servicios financieros de las IMF, porque a todas luces, como en el caso de la banca comercial, son excesivamente caros y usureros.

*Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, AC.

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