Joel Chichino Arauz, representante de Marlene Alonso Menes, hizo del conocimiento público que derivado de la sesión extraordinaria en el Congreso local contra la exfuncionaria, en usos de sus derechos, promovieron un amparo indirecto.

“Lo hicimos el día jueves en los distritos locales en el término de los días hábiles, el día de ayer (martes) nos notificó el acuerdo con respecto a la admisión contra la resolución del juicio político, se señaló el once de septiembre para desarrollar la audiencia constitucional”.

Cabe destacar que la aceptación de este procedimiento legal, que defiende a la exfuncionaria y sus intereses, refiere que se encontraron elementos suficientes como la violación a la legalidad y derechos fundamentales.


Dicho amparo, representa una posibilidad para que se revierta la decisión tomada por el Congreso local en cuestión del juicio político al que fue sometida por el Legislativo local y que la llevó a ser despojada del cargo en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

“No vamos a bajar la guardia y estamos decididos a llegar a nuestra última instancia y también llamar la atención al Congreso para que cada uno de los diputados actué con legalidad y con apego a la norma, recalcar que ser soberanos, no significa violentar la legalidad y los derechos humanos”.

Por su parte, Jenni Charres Carlos señaló que el juicio político contra Alonso Meneses se encuentra con diversas irregularidades, mismas que pretenden abatir con esta defensa para sentar un precedente y así proteger a los demás ciudadanos por posibles juicios políticos mal manejados por el Legislativo.

“A Marlene Alonso le fue fincada una responsabilidad en el artículo once fracción once de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero resulta que esta ley solamente cuenta con diez fracciones, es decir la once, no existe”.

Dijo que casos como el de la fracción once inexistente, son ejemplo de las omisiones e irregularidades a las que se enfrentarán los juicios políticos en el futuro.

Por lo que pidieron a los representantes legales actuar adecuadamente y fundamentar toda resolución y así evitar sentidos violatorios de los derechos humanos y fundamentales al momento de tratar casos de juicio político al interior del Poder Legislativo de Tlaxcala.

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