Llegó a las cinco de la tarde del lunes 12 de agosto de 2019, “con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara” y confiando “plenamente en la autonomía del poder judicial”; doce horas después, tras un extenuante interrogatorio, Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejaba desencajada el Reclusorio Preventivo Sur para ingresar al penal femenil de Santa Martha Acatitla. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público, mismo que fue documentado en su momento por el portal noticioso Animal Político en su investigación “La estafa maestra”. La pregunta concreta que tuvo que responder la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal, fue si había informado al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, sobre las irregularidades detectadas por más de 5 mil millones de pesos. La respuesta de Robles Berlanga fue un contundente “”.

La prisión preventiva justificada se debió a que existe, a decir del juez, el riesgo de que se dé a la fuga. Puede ser o no justificada, pero el meollo del asunto no está aquí. Para quienes conocen la complejidad del mecanismo con el que operó “La estafa maestra”, mismo que involucró a 11 dependencias federales, ocho universidades y 186 empresas fantasma o de dudosa constitución, la detención de Robles es apenas la punta de un intrincado cable que conecta a muchos funcionarios deshonestos, de los cuales un par de decenas eran de primer nivel.

Los hechos son públicos y en su momento fueron investigados y comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de tal suerte que no se trata de una mera especulación periodística. La disyuntiva ahora es saber si la detención de Rosario Robles obedece a una intención verdadera de esclarecer, llegar al fondo del caso y hacer justicia o todo quedará en el clásico “quinazo”: el encarcelamiento de un destacado personaje de la política como botón de muestra de las intenciones del nuevo gobierno de combatir la corrupción. El ejemplo por antonomasia es el de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el todopoderoso líder del sindicato petrolero y cacique de Tamaulipas, quien fuera detenido al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O el caso de Jorge Díaz Serrano, director de Pemex, encarcelado al inicio del periodo de Miguel de la Madrid Hurtado como parte de su “renovación moral”. O el de Elba Esther Gordillo, la lideresa magisterial acusada al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Más allá del revuelo de las detenciones mencionadas, ninguna de ellas representó una verdadera transformación profunda del país y su sistema político. Funcionaron como escarmiento para aquellos que quisieron sentirse más poderosos que el establishment, como un “estate quieto”, nunca como una verdadera depuración o profilaxis.

Rosario cayó en la trampa y no está en duda si debe rendir cuentas a la autoridad. Lo que importa saber es si esto trascenderá más allá de los titulares de los diarios.

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