Mucha polémica se ha generado en torno al Congreso del Estado de Baja California, luego de que el 22 de julio pasado en una sesión extraordinaria, a puerta cerrada y en una sede alterna (teniendo la finalidad de evitar tensiones con la población), aprobara la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla, (quien por cierto, en una elección histórica, dio fin a 30 años de gobiernos panistas), pasando de dos a cinco años.

En este tenor, el Congreso local aprobó el jueves 22 de agosto una consulta popular sobre la ampliación del mandato del servidor público referido. Mucho se ha argumentado y debatido sobre la razón social, política y económica de esta decisión legislativa. Sin embargo, en las disonancias que irremediablemente han llegado al ámbito nacional, se ha dejado de lado lo sustancialmente importante, es decir, el marco jurídico que fundamenta esta acción.

La ley correspondiente para el caso concreto es la reglamentaria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la Constitución Política del Estado de Baja California, misma que se denomina “Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California (LPC)”.

La primera disposición relativa a la consulta popular se encuentra en el artículo segundo de la LPC, señalándola como un instrumento de participación ciudadana junto con otras figuras como el referéndum y el plebiscito.

La Ley anteriormente señalada dedica, de manera breve, el capítulo quinto a esta figura, misma que abarca de los artículos 73 Bis al 73 Bis 7, siendo el primer artículo citado el que define a la consulta popular como “el instrumento a través del cual el Ejecutivo del Estado, el Congreso y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas temas de amplio interés en el Estado”.

Fuerza vinculante
En la ciencia jurídica se dice que una norma es vinculante cuando tiene cualidad de obligatoria. Hablar de las consultas populares en las entidades federativas es llamativo en cuanto a sus divergencias, principalmente en la característica de la obligatoriedad, debido a que algunos estados, como lo es el caso de Baja California Sur, no dotan de fuerza vinculante a sus consultas y solo se traducen en la facultad que ejercen algunos órganos públicos, con la finalidad de pedir su opinión a la ciudadanía para “tomarla en consideración” al momento de decidir temas de interés público.

Sin embargo, para el caso específico de la entidad que se está analizando, el artículo 73 Bis 3 de la LPC señala que cuando la participación ciudadana corresponda al menos al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes del Estado y demás autoridades competentes.

Ahora bien, para los ciudadanos de Baja California será muy importante dar un seguimiento a la realización de esta consulta y reflexionar si la misma deriva o no en una simple tergiversación de la propia figura constitucional, como sucedió a nivel nacional con la consulta del Naicm o la Termoeléctrica de Morelos, pues aún cuando en la Constitución de la República tenemos una consulta popular que de hacerse conforme a la norma resultaría vinculante para algunos casos, la realidad es que se hizo de manera muy distinta: jurídicamente no tenía las bases para ser considerada obligatoria debido a los tiempos y el procedimiento señalado en la Carta Magna, no existió en ningún momento una garantía de la metodología para cooptar y contabilizar los resultados, y finalmente no se justificó la manera en la que se eligieron las zonas del país para realizar la misma.

Aquí podría estar la clave
Finalmente se deberá tener en consideración que el artículo 73 Bis 7 señala que “no podrán ser objeto de Consulta Popular la materia electoral; los ingresos, egresos o el régimen interno y de organización de la administración pública del Estado; la seguridad pública; los actos de expropiación o limitación a la propiedad particular”. ¿En qué materia entraría una consulta popular para la prolongación de un mandato en el cual por cierto intervino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Me suena a la materia electoral.
¿Puede ser esta la clave que nos adelante si la consulta va a respetar los lineamientos establecidos en la Constitución de Baja California o por el contrario será una simple simulación? Ya veremos.

 Jfernandoesru22@live.com.mx
@JUANFERESPINO

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