Al concluir su administración, Enrique Peña Nieto dejó a un país con numerosos pendientes y sumergido en una vorágine de corrupción, violencia y narcotráfico, así como a una población con múltiples problemas económicos marcados por un alto costo de los combustibles y de la energía eléctrica que ha sido el “coco” para los empresarios, pero también ha tenido repercusión para la gente común, ya que algunos precios se han incrementado, por ejemplo, la tarifa de agua aumentó más de 100 pesos de un plumazo en la capital de Tlaxcala y dicen que esta es la causa, hay que decir que la tarifa de agua potable nunca ha sido baja, hoy se debe disponer de casi 500 pesos para cumplir, por si esto fuera poco, la delincuencia permea las calles desquiciando a la población que en varios casos ha optado por la justicia por mano propia.

Es un escenario complejo y convulsionado, a lo que se agrega las presiones externas y de la economía mundial reto bastante grande para cualquier gobierno, además de que tenemos un vecino con una peculiar forma de hacer política exterior.

Los mexicanos tenemos tatuados en el alma casos como los de Ayotzinapa, la “casa blanca”, los asesinatos de periodistas, la estafa maestra y la inverosímil corrupción de algunos gobernadores que no ha tenido consecuencia alguna, solo por mencionar algunos.

Hasta mayo de 2018 se habían registrado 20 mil 505 homicidios según dio a conocer el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dedicado a monitorear la violencia en el país, esto se vio reflejado durante la campaña política con más de 130 aspirantes asesinados, de acuerdo la consultora Etellekt.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza Inegi,  casi ocho de cada diez mexicanos (el 76,8%) mayores de edad consideran que, en términos de delincuencia, es inseguro vivir en su ciudad.

En el caso de los 43 desparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, increíblemente el caso se ha complicado y estancado por lo que prácticamente los resultados han sido nulos, dando lugar a una serie de rumores que mucho podrían tener de verdad sobre el motivo y destino de los desaparecidos.

A principios de junio de este año, el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a las autoridades en México reponer el procedimiento del caso y crear una comisión que garantice la verdad y la justicia en el caso Iguala.

El motivo de la creación de dicha comisión de la verdad es la existencia de indicios que hacen presumir que las confesiones de algunos acusados de participar en las desapariciones fueron por medio de tortura.

La pobreza y desigualdad social fue uno de los lemas de batalla durante la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que este problema se ha agudizado haciéndose patente en el país, empeorando con los altos costos en el mercado, cuestión que Peña arrastró a lo largo de su administración y que prácticamente favoreció le dio el triunfo al hoy presidente, a quien también benefició los casos de corrupción tan descarada y la percepción de que nuestro país navegaba sin rumbo determinado.

Tal pareciera que los cárteles de la droga se han apropiado de las calles, agravando la necesidad de la población quien por su parte exige más trabajo mejor pagado y más oportunidades.

Mientras tanto, el presidente López Obrador, ha sido férreamente criticado por algunas determinaciones que ha tomado desde el inicio de su periodo de gobierno y por la forma en que lo ha hecho, poniendo en seria duda la eficacia de sus decisiones, lo que es un verdad es que si el panorama no cambia de forma radical, si la gente no percibe en sus bolsillos y en su calidad de vida los cambios ofrecidos, incluyendo salud, precios de combustibles, seguridad y un largo etcétera, poca validez tendrán las palabras que al fin de cuentas y a lo largo de todos los sexenios en México es lo que nos ha sobrado, ofrecimientos y promesas de que todo va bien, sin embargo, esperamos más que eso de la nueva administración federal.

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